Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de mayo de 2018        

Boletín 216/18    

   

ANTE ESCASEZ DE EMPLEOS DIGNOS, EL ESTADO MEXICANO

DEBE FACILITAR FINANCIAMIENTO A EMPRENDEDORES

• El diputado Ricardo López Priego presentó una iniciativa de reformas a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia en ese sentido.

• Señaló que cuando una persona incumple un pago es reportado por las sociedades de información crediticia al Buró de Crédito, lo que lesiona su derecho a emprender una micro, pequeña o mediana empresa.

Ante la escasez de empleos bien remunerados, el Estado debe facilitar el acceso al financiamiento a los mexicanos que deseen emprender un negocio, en especial aquellos en situación vulnerable, y así mejorar sus condiciones de vida e impulsar el desarrollo económico nacional. Pero para ello es necesario reformar diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, aseveró el diputado Ricardo López Priego.

Explicó que los créditos para establecer una micro, pequeña o mediana empresa son proporcionados por intermediarios financieros y con intereses elevados, por periodos prolongados y bajo contratos confusos, que benefician principalmente a las instituciones bancarias y sus análogas.

El legislador federal de Morena agregó que cuando una persona incumple una obligación parcial del crédito, los intereses generados resultan tan excesivos que sobrepasan la capacidad de pago de los solicitantes, y posteriormente no pueden obtener financiamientos para lanzar algún proyecto.

“Este incumplimiento es reportado de forma inmediata por las sociedades de información crediticia al Buró de Crédito, que califican a la persona como sujeto no apto para la obtención de un crédito, sin tomar en cuenta las causas por las que no pagó. Este hecho lesiona de forma grave el derecho para emprender una micro, pequeña o mediana empresa”, puntualizó.

Derivado de ello, dio a conocer que el pasado 12 de abril presentó una iniciativa de reformas a los Artículos 20, 23, 41, 42 y 45 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el fin de precisar diversos elementos en materia de historiales crediticios, manuales operativos y procedimientos que permitan al interesado presentar reclamaciones por reportes de crédito.

Detalló que su propuesta pretende que dichas sociedades conserven los historiales crediticios al menos por un periodo de 36 meses. Además, que en caso de información relativa a créditos menores al equivalente a mil UDIS, éstas deberán eliminar la información en un plazo menor a 24 meses.

Asimismo, que se establezca en la ley que los manuales operativos para la eliminación de la citada información deberán ser claros, precisos y susceptible de que el procedimiento pueda ser supervisado en cualquier tiempo, y que los clientes tendrán derecho a solicitar el envío gratuito de su reporte de crédito especial, cada vez que lo soliciten.

“Cuando los clientes no estén conformes con la información de su reporte de crédito podrán presentar una reclamación, y en caso de que el usuario acepte parcialmente ésta o su improcedencia, deberá expresar en su respuesta los elementos que tomó en cuenta y evidencia de ello”, apuntó.

López Priego señaló que las políticas públicas deben impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, así como incentivar las actividades económicas y empresariales, con el propósito de que se generen más y mejores fuentes de empleos.

“Existe un sector de la sociedad, en particular el de las mujeres, que están inconformes porque aún son escasas las fuentes de financiamiento para ellas y, sobre todo, para las que pertenecen a grupos vulnerables”, recalcó el Secretario de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados.

Esta situación de vida, añadió, les obliga a buscar fuentes de financiamiento para poder emprender un negocio que les genere un ingreso suficiente para una vida digna, y de ahí la urgencia de reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

La iniciativa del legislador federal de Morena fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.