Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de septiembre de 2017        

Boletín 428/17    

   


GOBIERNO DE PEÑA NIETO, EL MÁS CORRUPTO

E IMPUNE EN TODA LA HISTORIA DE MÉXICO

• La diputada Sandra Luz Falcón afirmó que el Ejecutivo Federal tiene secuestrado al INE y a los tribunales electorales para favorecer al PRI y sus aliados.

• A su vez, el diputado Alejando Ojeda manifestó que Morena rechazará la Ley de Seguridad Interior y las reformas al Artículo 29 Constitucional, que prevén la suspensión de garantías individuales.

Sin temor a equivocarnos, el gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto es el más corrupto e impune en toda la historia de México, y muestra de ello es que tiene secuestrado al Instituto Nacional Electoral (INE) y el incremento de la violencia e inseguridad en las que está inmiscuido el propio Estado, aseveraron los diputados Sandra Luz Falcón Venegas y Alejandro Ojeda Anguiano, en el marco de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno en materia de política interior.

“Enrique Peña Nieto miente cuando habla de gobernabilidad democrática. En México no tenemos elecciones libres, justas y auténticas; no tenemos fortaleza institucional. México es un Estado fallido”, aseveró la primera ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Al presentar el posicionamiento de Morena, ambos legisladores explicaron que no ha sido posible la consolidación de la democracia, porque está enredada en una estrategia institucional cuyo fin es que los organismos electorales respondan sólo a intereses partidistas o de grupos en el poder.

Además, casos como la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, y la masacre de Tlatlaya, evidencian la clara participación del Ejecutivo Federal, por lo que Morena rechazará la Ley de Seguridad Interior y las reformas al Artículo 29 Constitucional, que prevén la suspensión de garantías individuales.

En su oportunidad, Sandra Luz Falcón reclamó al Gobierno Federal que tenga secuestrado al INE y a los tribunales electorales. Ejemplo de esto, agregó, fueron los comicios en Veracruz, Nayarit, Coahuila y el Estado de México, que resultaron ensuciados por su abierta participación y de los gobiernos locales, a través del desvío de recursos públicos y el uso faccioso e ilegal de los programas sociales.

“Por eso exigimos la renuncia de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, por su incapacidad de detener las irregularidades en el proceso electoral, como el uso de recursos públicos”, puntualizó.

En ese contexto, Falcón Venegas advirtió que las irregularidades registradas en las elecciones de este año son una muestra de lo que el Gobierno Federal prepara para los comicios del 2018, para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados.

“Con un órgano electoral al servicio del Gobierno, la democracia vuelve a estar en riesgo, estamos retrocediendo. El INE está secuestrado por los intereses del Gobierno, y los partidos políticos han aplicado para cumplir con su labor”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Alejandro Ojeda Anguiano sostuvo que el Quinto Informe es demasiado optimista porque describe un país que sólo está en la imaginación del Ejecutivo Federal, pues la realidad que enfrentan los mexicanos es totalmente distinta, como ocurre con la violencia e inseguridad que cada día aumentan ante la incapacidad de las instituciones policiacas.

En la máxima tribuna del país, opinó que el derroche de cifras y números alegres del Informe de Peña Nieto son un insulto para la ciudadanía. “Mientras éste señala que disminuyó la delincuencia del fuero común en un 6.6 por ciento, en mayo del 2017 se alcanzó la cifra récord de homicidios por más de dos mil 186. En ningún país del mundo, ni en Colombia con Pablo Escobar, ni en Siria, se ha llegado al índice actual de asesinatos en un solo mes”.

Sostuvo que dicha numerología no demuestra una verdadera reducción en los niveles de inseguridad, principalmente porque la ciudadanía ya no tiene confianza en la procuración de justicia y no denuncia.

“A esto agregamos los casos graves generados por el Estado, como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya. Por eso decimos no a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y a la Ley sobre la suspensión de garantías del Artículo 29 Constitucional. De ninguna manera vamos a permitir que desde la ley se legitime las atrocidades”.