Palacio Legislativo de San Lázaro, 04 de octubre de 2017        

Boletín 463/17    

   


ESTADO MEXICANO, PRINCIPAL RESPONSABLE DE DESAPARICIÓN

FORZADA DE PERSONAS, POR OMISIÓN O COMPLICIDAD

• Los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Alberto Martínez Urincho aseveraron que la ley en la materia no será eficiente si no cuenta con recursos y sanciones penales específicas.

• En tanto, la legisladora Maricela Contreras lamentó que la iniciativa de dicho ordenamiento carezca de una visión de género.


El Estado mexicano es principal responsable del delito de desaparición forzada de personas, ya sea por omisión o complicidad; ejemplo de ello es que este crimen aumentó 40 por ciento desde que el Presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder. Ante esta problemática no es suficiente emitir una ley en la materia que sólo sea declarativa, coincidieron los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Alberto Martínez Urincho.

Ambos legisladores federales de Morena, junto con su compañera de bancada Maricela Contreras Julián, participaron en la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, donde se discutió y votó la iniciativa la expedir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud.

En su oportunidad, el diputado Cuitláhuac García aseguró que el fondo de este delito es la permanente complicidad de las autoridades con las organizaciones delincuenciales. “El que exista una ley es un reconocimiento al problema, pero no lo va a resolver. Por eso tenemos que ser muy agudos, muy claros, al emitir una ley que pretende atender este problema de gravedad que es la desaparición forzada en México”.

Al respecto, señaló que dicha ley puede ser perfectible y de ahí la necesidad de tomar en cuenta las aportaciones de los familiares de las víctimas de desaparición forzosa, de organizaciones civiles y de la sociedad en general. Derivado de ello, planteó cuatro observaciones para mejorar dicho ordenamiento.

El legislador federal por Veracruz cuestionó la idea de sustituir el término “víctima de desaparición forzada” por el de “persona desaparecida”, lo que es medular para crear una ley eficiente. “No se trata de una intención declarativa si tiene que ver con la correcta tipificación del delito”, sentenció.

García Jiménez también pidió modificar el Artículo 29 de dicha ley, con el fin de que se especifique claramente cuál será la sanción para elementos del Ejército y de la Policía Federal que tengan responsabilidad en desapariciones forzadas de personas.

“Además a los servidores públicos que –por omisión, encubrimiento o negligencia– su personal a cargo haya incurrido en el delito de desaparición forzada de personas, también se le deberán imponer sanciones penales”, subrayó.

Por último, solicitó que a dicho proyecto de ley se le asignen recursos presupuestales del “Ramo 3” y aplicarlos a los “Ramos 4 y 17”, que corresponden a la Procuraduría General de la República y Secretaría de Gobernación, para que el actuar sea a cabalidad y de manera urgente.

Por su parte, el diputado Alberto Martínez Urincho hizo un llamado a las demás fuerzas políticas para designar los recursos necesarios para que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas no sea simplemente enunciativa. “Sin presupuesto será letra muerta; nuestro país requiere acciones contundentes para responderle con verdad y justicia a las miles de víctimas de desaparición forzada y a sus familias”.

En tanto, la diputada Maricela Contreras Julián consideró que si bien la asignación de recursos es clave, esta ley estará incompleta si no se contempla específicamente la problemática que enfrentan las mujeres. “El tema de género siempre nos ha faltado. No logramos todavía incorporarlo para tener acciones específicas que se requieren en la búsqueda”, recalcó.

Asimismo, pidió a los integrantes de las Comisiones Unidas a que no se omita la observación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el derecho que tienen los familiares de las víctimas a acudir a las diferentes instancias, cuando las autoridades se ven rebasadas y detienen las búsquedas.